El exmandatario paraguayo Santiago Peña fue llevado a un recinto militar por seguridad, luego de ser destituido por el Senado y detenido por la Fiscalía. Esta medida surge en medio de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas al colapso de Ueno Bank, que afectó a millones de clientes. La detención se produjo tras incidentes con manifestantes en su residencia.
El antiguo presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue conducido al Regimiento Escolta Presidencial durante la noche del viernes por motivos de seguridad. Esto ocurrió horas después de que el Senado lo destituyera y la Fiscalía ordenara su detención, en el contexto de una investigación sobre supuestas anomalías financieras relacionadas con la quiebra de Ueno Bank, una entidad que atendía a unos 2.9 millones de usuarios. El exjefe de Estado fue sacado de su hogar minutos antes de la medianoche, en un convoy de vehículos, luego de que se produjeran enfrentamientos entre ciudadanos que protestaban y agentes de policía cerca de su domicilio. Los manifestantes exigían que fuera encarcelado en lugar de permanecer bajo arresto domiciliario. Según lo reportado por el diario ABC Color, durante los altercados, algunos manifestantes lanzaron huevos y profirieron insultos al expresidente, y un comisario resultó herido por un proyectil. Las autoridades justificaron el traslado argumentando la necesidad de asegurar la integridad de Peña, quien permanecerá preventivamente en la instalación militar hasta su comparecencia ante la Fiscalía.
La Fiscalía está investigando a Peña por supuestas irregularidades en Ueno Bank. La orden de detención contra el exgobernante fue emitida por el Ministerio Público como parte de la causa penal número 92/2026, vinculada con la presunta comisión de abuso de confianza y otros actos delictivos relacionados con la crisis financiera de Ueno Bank. En el mismo expediente aparece Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien se entregó voluntariamente a las autoridades policiales y posteriormente fue llevado a la Agrupación Especializada. Carvallo había renunciado a su puesto después de que se anunciara el procedimiento de resolución de la institución bancaria, cuya situación económica generó inquietud entre millones de clientes y organismos gubernamentales que tenían fondos depositados en el banco.
El Senado destituyó a Peña con 44 votos. La remoción de Santiago Peña se efectuó después de que los 44 senadores presentes votaran a favor de declararlo responsable de un mal desempeño de sus funciones, durante un juicio político llevado a cabo en su ausencia. El exmandatario había presentado su renuncia el jueves, argumentando que buscaba prevenir mayores perjuicios al país y contribuir a restaurar la estabilidad institucional. No obstante, el Congreso no se pronunció sobre su dimisión por falta de quórum. Con esta determinación, Peña se convirtió en el segundo presidente de la historia reciente de Paraguay en ser destituido mediante juicio político, después de Fernando Lugo, quien fue separado del cargo en 2012. Adicionalmente, la destitución le impide a Peña acceder a la condición de senador vitalicio, prevista en la Constitución paraguaya para expresidentes elegidos democráticamente que no hayan sido removidos por este procedimiento.
Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay. Tras la salida de Peña, Pedro Alliana, quien ejercía como vicepresidente, prestó juramento como el nuevo presidente de Paraguay y deberá completar el periodo constitucional hasta agosto de 2028. En su primer comunicado, Alliana prometió compensar a los afectados por el derrumbe financiero de Ueno Bank y aseguró que el Estado no desamparará a los ciudadanos que tienen sus ahorros en riesgo.
El escándalo bancario afecta a millones de paraguayos. La crisis de Ueno Bank surgió después de que el Banco Central del Paraguay detectara que el índice de solvencia de la entidad había descendido a menos de la mitad del mínimo requerido, lo que motivó el inicio de un procedimiento de resolución bancaria. La institución financiera contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes, en un país de alrededor de 6.1 millones de habitantes, y había recibido importantes depósitos de organismos públicos durante la administración de Peña. Entre los perjudicados se encuentran aproximadamente 32,000 jubilados del Instituto de Previsión Social, mientras que durante el juicio político, los diputados acusadores denunciaron supuestas pérdidas cercanas a 1,200 millones de dólares en recursos de los paraguayos. Esa cantidad corresponde a las acusaciones presentadas durante el proceso político y no constituye una pérdida establecida mediante sentencia judicial. Mientras el nuevo Gobierno procura asegurar la restitución de los fondos a los ahorristas, la Fiscalía prosigue con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales de Peña y los demás exfuncionarios implicados.
