El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) ha expresado su satisfacción por la promulgación de la Ley núm. 88-26, la cual prolonga hasta mayo de 2028 la aplicación de la responsabilidad penal para personas jurídicas en el nuevo Código Penal. Esta medida brinda una valiosa oportunidad para que las empresas, especialmente las MIPYMES, refuercen sus sistemas de prevención. El CNCP propone un plan integral de orientación y asistencia técnica para el sector comercial, buscando facilitar la adaptación a las nuevas normativas.
El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) manifestó su aprobación por la promulgación de la Ley núm. 88-26, que extiende hasta el 5 de mayo de 2028 el período para la entrada en vigor de las normativas del nuevo Código Penal relativas a la imputabilidad legal de las entidades corporativas. La organización reconoció el esfuerzo del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo en la aprobación y promulgación de esta medida. El CNCP interpretó esta decisión como una oportunidad para impulsar la preparación del ámbito empresarial, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), mediante el robustecimiento de sus mecanismos internos de prevención, supervisión y control. El Consejo enfatizó que la imputabilidad legal de las empresas representa una modificación significativa del marco legal dominicano y que su puesta en marcha exige acciones que faciliten la comprensión y el acatamiento de las nuevas disposiciones, considerando las diferencias en tamaño, estructura y capacidad administrativa de las compañías.
Una propuesta para el comercio organizado
En este contexto, el Consejo planteó la iniciativa de promover, en colaboración con las entidades pertinentes y las asociaciones empresariales, un programa de asesoramiento y acompañamiento que incluya formación, apoyo técnico y herramientas prácticas de cumplimiento adaptadas a las características de los establecimientos comerciales. “Valoramos esta resolución, que proporciona un lapso adicional para la adecuación de las empresas. Ahora es crucial aprovecharlo para que los comerciantes conozcan sus obligaciones, identifiquen riesgos y fortalezcan sus sistemas de prevención”, declaró la organización.
Entre las acciones sugeridas se encuentran la elaboración de guías simplificadas sobre las nuevas normativas, sesiones de capacitación para comerciantes y administradores, y orientación para establecer procedimientos internos de prevención y supervisión coherentes con el tamaño y la naturaleza de cada negocio. Asimismo, el CNCP consideró fundamental fomentar espacios de coordinación entre las autoridades, las organizaciones vinculadas al desarrollo empresarial y las asociaciones gremiales, con el fin de facilitar una implementación ordenada del nuevo sistema.
Responsabilidad empresarial y seguridad jurídica
La organización indicó que la preparación para estas disposiciones debe abarcar tanto a las grandes corporaciones como a los negocios familiares, distribuidores y otros establecimientos que forman parte de las cadenas de suministro nacionales. En este sentido, sostuvo que la adopción de buenas prácticas de gestión y prevención contribuye al fortalecimiento empresarial, optimiza los procesos internos y promueve un ambiente de mayor confianza y seguridad jurídica. El CNCP reafirmó su dedicación a la formalización, la transparencia y el desarrollo de un comercio estructurado y competitivo, así como su disposición a colaborar en las iniciativas de articulación institucional que faciliten la preparación del sector. “El éxito de esta medida no dependerá únicamente del tiempo concedido, sino de cuánto avancemos en la preparación de las empresas para cumplir con sus obligaciones. Ese debe ser nuestro compromiso de cara a mayo de 2028”, concluyó el Consejo.
