Una investigación de la ONU ha revelado que las operaciones de reclutamiento para las fuerzas armadas rusas se extienden a los países de origen de los afectados, utilizando intermediarios locales. Estas redes engañan a los ciudadanos con falsas promesas de turismo o empleo, facilitando su traslado a Rusia para unirse al servicio militar. El estudio también detalla la presión y el desconocimiento de los contratos a los que son sometidos los reclutados.
Un especialista de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), confirmó que las organizaciones dedicadas al reclutamiento de ciudadanos extranjeros para las Fuerzas Armadas de Rusia cuentan con colaboradores que operan desde las naciones de las víctimas, incluyendo individuos de la misma nacionalidad que los captados. En una entrevista para N Digital, el investigador detalló que la Comisión ha encontrado evidencia de agentes de captación que actúan tanto desde territorio ruso como desde los países de procedencia de los extranjeros, empleando diversos métodos para facilitar su integración a las unidades militares. Asimismo, aclaró que los mecanismos de reclutamiento pueden también involucrar naciones de tránsito a las cuales los ciudadanos seleccionados pueden desplazarse sin requerir visados especiales.
El experto señaló que, a pesar de la existencia de patrones comunes en estas operaciones, las estructuras de captación muestran variaciones según los países involucrados. El informe A/81/440 del 19 de octubre de 2026 de la comisión establece que ciudadanos de República Dominicana, Colombia y Perú recibieron indicaciones de agencias de reclutamiento para viajar sin necesidad de visado, utilizando documentación que presentaba sus desplazamientos como viajes de ocio a Turquía o Rusia. Según el documento, estos traslados formaban parte de estrategias de captación para el servicio militar, mediante las cuales los intermediarios gestionaban pasajes aéreos, visados, alojamiento y otros trámites esenciales para el movimiento de los extranjeros. La investigación también identificó que los viajes podían incluir escalas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Según la Comisión, algunas agencias se presentaban como empresas legítimas de turismo, viajes o contratación laboral y, en ciertos casos, afirmaban tener respaldo gubernamental. La entidad examinó datos sobre el reclutamiento de ciudadanos de 48 naciones y halló pruebas de captación mediante engaños o coacción en 29 países, entre ellos República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú. La Comisión también documentó la coordinación entre intermediarios que operaban en diferentes regiones y autoridades rusas implicadas en la recepción e integración de extranjeros a las fuerzas militares. Durante la entrevista, el investigador explicó que estas operaciones podían incluir comunicaciones entre agencias de reclutamiento y consulados rusos, así como coordinaciones con estructuras del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Según indicó, en algunos casos los agentes trasladaban personalmente a las personas reclutadas hasta territorio ruso, donde eran entregadas a representantes de las autoridades militares.
Una vez en Rusia, los extranjeros podían ser llevados a alojamientos temporales y posteriormente a instalaciones militares, donde se les ofrecían contratos de servicio con el Ministerio de Defensa ruso. El informe de Naciones Unidas documenta que, en numerosos casos, esos contratos estaban redactados exclusivamente en ruso, idioma que los afectados no comprendían, y que algunas personas fueron forzadas a firmarlos mediante amenazas e intimidación. N Investiga había expuesto las condiciones de los contratos rusos. En la tercera parte de su investigación sobre dominicanos reclutados para la guerra, N Investiga tuvo acceso a un contrato militar redactado en ruso, lo que permitió examinar las obligaciones y consecuencias que enfrentaban los ciudadanos incorporados a las Fuerzas Armadas de ese país. El documento analizado por el programa estaba vinculado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, y establecía un compromiso de servicio por un año. Entre las obligaciones figuraban cumplir las normativas militares, prestar juramento y servir a la Federación de Rusia.
El contrato también contemplaba el reembolso de recursos destinados a la formación militar en determinadas circunstancias de finalización anticipada, aunque el espacio correspondiente al monto de esa deuda aparecía en blanco. Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, especialista en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podía implicar consecuencias penales conforme a la legislación rusa, con posibles penas de entre cinco y 20 años de prisión por deserción, dependiendo de las circunstancias. La investigación periodística también tuvo acceso a una grabación atribuida a un integrante de la estructura de reclutamiento, así como a testimonios de familiares que denunciaban dificultades para comunicarse con los dominicanos que permanecían en Rusia. Entre los casos expuestos figuró el de Jesús Campusano, un trabajador de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia después de responder a una oferta de empleo civil difundida a través de Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó vinculado a un contrato militar, a pesar de que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo.
