Una comisión independiente de la ONU ha alertado que miles de personas han sido engañadas para unirse a las fuerzas armadas rusas, a través de redes de reclutamiento que operan internacionalmente. Estas víctimas, a menudo en situación de vulnerabilidad económica, son atraídas con falsas ofertas de empleo. La situación exige una respuesta internacional y campañas informativas para prevenir que más individuos caigan en estas trampas.
Un integrante de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha manifestado que los afectados por redes de captación que emplean el engaño para integrar a individuos en las Fuerzas Armadas de Rusia, suman miles. Este fenómeno se ha propagado por diversas naciones y afecta primordialmente a personas en situaciones de precariedad económica. En una conversación, el investigador detalló que la incorporación de extranjeros mediante propuestas laborales falsas y otros métodos de atracción constituye una problemática global que demanda acciones preventivas por parte de los gobiernos. “Aquí no nos referimos a unos pocos, sino a miles de individuos que terminan en esta coyuntura”, aseveró el miembro de la Comisión al referirse a la envergadura de los casos estudiados.
El investigador subrayó que, dada la expansión de estas prácticas, los países cuyos ciudadanos podrían ser víctimas deben implementar campañas de concientización para advertir sobre los riesgos de aceptar ofertas de trabajo fraudulentas. Explicó, además, que estas iniciativas posibilitarían divulgar las condiciones en las que se produce la trata de personas y las proposiciones comúnmente usadas para atraer a ciudadanos de otras nacionalidades.
El informe A/81/440, con fecha del 19 de octubre de 2026, documenta que ciudadanos de República Dominicana, Colombia y Perú recibían indicaciones de agencias de reclutamiento para viajar sin necesidad de visado, utilizando documentos que presentaban sus traslados como viajes de turismo a Turquía o Rusia. Según la investigación, estos desplazamientos eran parte de estrategias de captación para el servicio militar, a través de las cuales los intermediarios gestionaban pasajes aéreos, hospedaje, visados y otros trámites esenciales para movilizar a los forasteros.
El documento, presentado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, analizó datos sobre la captación de ciudadanos procedentes de 48 naciones y encontró pruebas de reclutamiento mediante fraude o coerción en 29 países, incluyendo República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras y Perú. Conforme a la Comisión, las redes de reclutamiento empleaban falsas oportunidades de empleo, promesas de beneficios económicos y agencias que se presentaban como empresas legítimas de viajes, turismo o contratación para atraer a ciudadanos extranjeros. En ciertos casos, los reclutados eran trasladados a Rusia mediante vuelos con paradas en países como Brasil, México, Panamá, España, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Una vez en territorio ruso, las personas captadas eran llevadas a alojamientos temporales y posteriormente entregadas a estructuras militares, donde algunas fueron forzadas a firmar contratos de servicio con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. El informe indica que estos contratos establecían compromisos militares de un año y estaban redactados exclusivamente en ruso, un idioma que muchos de los afectados no comprendían. La Comisión también documentó situaciones en las que a los reclutados se les despojaba de sus teléfonos móviles, pasaportes y otros documentos de identidad, lo que obstaculizaba su comunicación con familiares y reducía sus posibilidades de abandonar las instalaciones militares.
Entre los relatos recopilados se encuentra el de un extranjero que afirmó haber presenciado cómo disparaban a cuatro ciudadanos rusos tras negarse a firmar un acuerdo militar. Según su testimonio, posteriormente fue intimidado para que aceptara incorporarse a las fuerzas armadas.
En la tercera parte de su investigación sobre dominicanos reclutados para el conflicto, se tuvo acceso a un contrato militar redactado en ruso, que permitió analizar las responsabilidades y repercusiones que enfrentaban los ciudadanos integrados en las Fuerzas Armadas de ese país. El documento estudiado por el programa estaba vinculado a la Orden número 625 del Ministerio de Defensa ruso, del 18 de septiembre de 2023, y establecía un compromiso de servicio por doce meses. Entre las obligaciones figuraban acatar las normativas militares, prestar juramento y servir a la Federación de Rusia. El contrato también contemplaba el reintegro de fondos destinados a la instrucción militar bajo ciertas condiciones de retiro anticipado, aunque el espacio correspondiente al monto de esa deuda aparecía en blanco.
Durante el reportaje, el abogado Juan José Eusebio, experto en Seguridad y Defensa Nacional, explicó que abandonar el servicio podría acarrear consecuencias penales según la legislación rusa, con posibles condenas de entre cinco y 20 años de prisión por deserción, dependiendo de las circunstancias. La investigación periodística también obtuvo una grabación atribuida a un miembro de la estructura de reclutamiento, así como testimonios de familiares que reportaban dificultades para comunicarse con los dominicanos que permanecían en Rusia. Entre los casos expuestos figuró el de Jesús Campusano, un obrero de 52 años de Bajos de Haina que viajó a Rusia tras responder a una oferta de empleo civil difundida por medio de Facebook. Sus familiares denunciaron que posteriormente quedó vinculado a un contrato militar, a pesar de que su viaje había sido motivado por una oportunidad de trabajo.
