Una reciente encuesta de N Digital revela que la mayoría de sus lectores opina que el Estado dominicano no debería continuar otorgando exenciones de impuestos a las iglesias. Esta postura se fundamenta en la creencia de que tales medidas representan una pérdida de recursos que podrían ser destinados a necesidades sociales más urgentes. El debate ha cobrado fuerza, especialmente tras una investigación que detalla el impacto económico de estas exoneraciones.
La mayor parte de los lectores de N Digital considera que la nación dominicana no debería seguir concediendo exenciones tributarias a las congregaciones religiosas, argumentando que estas disposiciones implican una merma de fondos que podrían ser empleados en otras exigencias de la sociedad. Este hallazgo surge de una encuesta publicada por dicho medio, donde el 81 % de los participantes respondió “No” a la pregunta de si el Estado debe continuar facilitando exenciones de impuestos para favorecer a las iglesias, mientras que el 19 % contestó “Sí”. Las cifras muestran una considerable disparidad entre ambas posturas, con más de ocho de cada diez encuestados inclinándose por suprimir o examinar este tipo de beneficios fiscales.
El análisis sobre las exenciones a las iglesias ha generado interés en el país debido al efecto que tienen las liberaciones tributarias en los ingresos que el Estado deja de percibir y a la deliberación sobre el trato fiscal que deben recibir las entidades religiosas. Precisamente, el programa N Investiga abordó el asunto en un reportaje titulado “Más de 700 vehículos exonerados a iglesias y RD$416 millones en sacrificio fiscal”, en el cual se documenta la repercusión económica de las exenciones otorgadas durante el periodo 2021-2025.
La investigación se centró, entre otros aspectos, en la cantidad de vehículos que se han beneficiado de estas facilidades y en los recursos que el Estado ha dejado de ingresar como consecuencia de las exenciones, ofreciendo una visión directa del alcance del beneficio fiscal. Conforme al trabajo de N Investiga, más de 700 vehículos fueron eximidos de impuestos a iglesias, mientras que la pérdida fiscal asociada a estas prerrogativas alcanzó los RD$416 millones entre 2021 y 2025. Estos datos han vuelto a poner en la palestra la discusión sobre si las instituciones religiosas deben conservar esta clase de privilegios tributarios y cuál debería ser el criterio empleado por el Estado para concederlos.
El diálogo también plantea interrogantes sobre el destino que podrían tener esos fondos si, en lugar de ser aplicados como parte de las exenciones, ingresaran a las arcas públicas para costear otras necesidades nacionales. Mientras una sección de la sociedad objeta que el Estado deje de recibir ingresos a través de estos beneficios, quienes respaldan las exenciones argumentan que las iglesias desempeñan labores sociales y comunitarias que pueden justificar un trato fiscal distinto. Quienes cuestionan estas ventajas plantean que, en momentos en que el Estado requiere recursos para atender demandas sociales, educativas, sanitarias y de infraestructura, las exenciones deberían ser revisadas bajo principios de transparencia, necesidad y provecho colectivo.
Por otro lado, quienes defienden las exenciones sostienen que las iglesias cumplen funciones sociales y comunitarias que van más allá del ámbito estrictamente religioso, por lo que consideran que mantener ciertas facilidades fiscales puede contribuir a las tareas que desarrollan en favor de sus comunidades.
