La audiencia de revisión de medidas de coerción en el caso Senasa fue suspendida hasta las 3:30 de la tarde por el juez Deiby Timoteo Peguero. Durante la sesión, las defensas de tres de los seis imputados pidieron modificar la prisión preventiva por alternativas menos restrictivas, mientras que el Ministerio Público y otros abogados solicitaron mantener las medidas actuales, argumentando falta de nuevas pruebas que justifiquen su cambio.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, interrumpió la vista judicial este jueves hasta las 3:30 de la tarde. La sesión se centraba en la evaluación de las medidas cautelares aplicadas a seis individuos implicados en la investigación de supuesta malversación administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), llevada a cabo por el Ministerio Público.
A lo largo de la audiencia, los representantes legales de Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Luis Martínez Hazim pidieron reemplazar la reclusión preventiva por opciones de menor impacto, como fianzas económicas, presentaciones periódicas ante la autoridad y la prohibición de abandonar el país.
El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, solicitó desestimar dichas peticiones y mantener la detención preventiva, argumentando que los acusados no aportaron elementos novedosos de suficiente peso para justificar una alteración de las disposiciones vigentes.
Por otro lado, los abogados del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, así como de Gustavo Enrique Messina Cruz y Germán Rafael Robles Quiñones, no pidieron modificaciones en las medidas impuestas a sus clientes.
Miguel Surún Hernández, abogado de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, instó a preservar la prisión preventiva para los seis implicados en el expediente Senasa.
“Exigimos que se ratifique la prisión preventiva para todos y cada uno de los involucrados”, manifestó Surún durante la revisión obligatoria de las disposiciones cautelares.
El letrado explicó que se unió a la solicitud del Ministerio Público, al considerar que no existen motivos que justifiquen la alteración de las medidas impuestas.
Asimismo, demandó que se haga justicia por el presunto desfalco multimillonario al Seguro Nacional de Salud, mientras el proceso judicial contra el exdirector Santiago Hazim y los demás acusados sigue su curso.
La defensa del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, comunicó su decisión de no solicitar la variación de la prisión preventiva, ya que se encuentra preparando su estrategia para el inminente juicio de fondo.
“La defensa de Santiago Hazim está preparada para un juicio de fondo”, aseguró el abogado Valerio, quien explicó que esperan la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público para definir su postura.
El jurista adelantó que el actual director de Senasa, Edward Guzmán, podría convertirse en un testigo crucial para la defensa, debido a sus declaraciones sobre un déficit de RD$13,000 millones en la institución.
Según afirmó, esa cifra deberá ser probada durante el juicio de fondo, por lo que consideró relevante que se presenten las evidencias que la respalden.
El abogado Jaime Terrero, representante de Francisco Iván Minaya Pérez, criticó que el Ministerio Público no haya investigado a otras personas que, según él, estarían vinculadas con el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud.
“Hay propietarios de farmacias, hay propietarios de clínicas y hay políticos a quienes el Ministerio Público en la República Dominicana se niega a investigar”, declaró Terrero.
El jurista aludió a un supuesto dueño de varias farmacias, una clínica situada en la avenida Independencia y un político fallecido recientemente, a quienes relacionó con los hechos bajo investigación, sin que dichas afirmaciones hayan sido legalmente verificadas.
De igual modo, cuestionó que algunos médicos que, según su versión, habrían participado en las operaciones investigadas, figuren actualmente como testigos de la parte acusadora.
Durante la audiencia, la defensa de Minaya solicitó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, considerando que existen las condiciones para modificar la medida.
El tribunal proseguirá con la revisión de las medidas de coerción tras el receso decretado por el juez Deiby Timoteo Peguero.
