El gobierno dominicano ha asignado una suma considerable, superando los RD$43,300 millones, para subsidiar los combustibles en lo que va del año 2026. Esta medida busca mitigar el impacto del aumento de precios internacionales, especialmente en el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP), aliviando la carga económica de los ciudadanos y apoyando la actividad comercial. Sin embargo, este soporte representa un desafío para las finanzas públicas.
Conforme a la información proporcionada por el Gobierno de la República Dominicana, se han destinado más de 43,300 millones de pesos dominicanos para la subvención de combustibles en el transcurso de 2026. Únicamente en la semana comprendida entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre, el Estado inyectó 1,516.5 millones de pesos para sostener los precios estables de los carburantes beneficiados.
En lo que respecta al gasoil común, la administración pública contribuye con 112.90 pesos por cada galón, lo que posibilita su venta a 270.80 pesos, en contraste con los 383.70 pesos que representaría su costo sin este auxilio. Para el gasoil de mayor calidad, la ayuda asciende a 105.37 pesos por galón. El soporte financiero también se extiende al gas para cocinar, o GLP, el cual conserva un valor de 135.20 pesos por galón gracias a una aportación gubernamental de 61.26 pesos. Sin dicha subvención, su precio ascendería a 196.46 pesos.
Entre el 27 de febrero y el 2 de noviembre, el precio del gasoil superior experimentó un incremento cercano al 79 por ciento, pasando de 104 a 186 dólares por barril. La República Dominicana adquiere en el mercado exterior, como productos ya procesados, más del 80 por ciento del gasoil, la gasolina y el GLP que consume. Por esta razón, el país afronta directamente las repercusiones de estas alzas.
Al asumir una fracción del costo, el Gobierno disminuye la presión sobre la economía familiar y contribuye a mantener activas las operaciones productivas. No obstante, este respaldo exige una considerable inversión de fondos públicos. El desafío radica en salvaguardar a la ciudadanía sin comprometer los recursos indispensables para áreas como la salud, la enseñanza, la infraestructura y futuras contingencias.
