La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha desmentido categóricamente los rumores sobre un incremento a RD$55,000 en el costo del derecho de tesis para la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS). La institución aclaró que la resolución a la que se atribuye dicho cambio solo modifica el número de estudiantes por grupo de tesis, buscando optimizar la calidad de los trabajos de investigación. Además, la aplicación de esta nueva normativa ha sido postergada hasta 2027.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha emitido una aclaración indicando que la junta directiva de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) no dio su visto bueno a un incremento en la tarifa por derecho de tesis, que se rumoraba alcanzaría los RD$55,000, tal como se ha difundido en diversos medios y plataformas digitales. La resolución FCS 1334-26, fechada el 02/11/26, a la cual se le adjudica este supuesto cobro, en realidad se limita a reducir de tres a dos la cantidad máxima de alumnos permitidos por equipo de tesis de grado.
El doctor Ángel Nadal, decano de la FCS, explicó que esta medida tiene como fin mejorar la operatividad de la Unidad de Tesis y simplificar la coordinación, el seguimiento y la supervisión de los proyectos de investigación. Esto es crucial para la acreditación tanto nacional como internacional de las diferentes carreras que se imparten en dicha unidad académica, no únicamente la carrera de Medicina. El decano dejó claro que la disposición que regula la conformación de los equipos no altera el monto del derecho de tesis.
El Consejo Directivo de la Facultad decidió posponer la implementación del nuevo límite de integrantes hasta el año 2027, mediante la resolución FCS 1434-2026, que fue aprobada el pasado jueves 5 de noviembre. Esta postergación beneficia a los estudiantes, brindándoles más tiempo para organizar sus equipos y planificar sus proyectos de investigación bajo las condiciones que sean pertinentes a su proceso.
La Universidad insta a toda la comunidad universitaria y a los medios de comunicación a verificar las resoluciones publicadas a través de los canales oficiales. Esto permitirá disipar cualquier duda sobre los procedimientos institucionales y evitar la propagación de información errónea que circula en las redes sociales.
