Una auditoría de la Cámara de Cuentas revela irregularidades en la gestión financiera del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste entre 2017 y 2019. La alcaldía, bajo la dirección de Francisco Peña, habría incumplido la Ley 176-07 en la distribución de recursos, presentando desviaciones en los porcentajes destinados a servicios municipales, inversión y otros sectores. La auditoría detectó pagos irregulares y falta de retención de impuestos, lo que motivó una respuesta del alcalde justificando las discrepancias.
Un informe de la Cámara de Cuentas revela que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, bajo la administración de Francisco Peña (actual alcalde) entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, no cumplió con la distribución de recursos establecida en la Ley 176-07.
La auditoría indica que la Alcaldía asignó porcentajes superiores a los permitidos por ley a Servicios Municipales, mientras que Gastos de Inversión, Educación, género y salud recibieron porcentajes inferiores a los establecidos en la misma ley.
El organismo auditor señala la inclusión de ocho empleados del Ayuntamiento en nóminas de otras entidades estatales, generando un desembolso de RD$7,119,000, recomendando su retiro.
Además, se detectaron desembolsos irregulares por RD$370,543 en seguros complementarios para personas ajenas a la Alcaldía.
La auditoría también encontró que se realizaron pagos a proveedores y empleados sin aplicar la retención del Impuesto sobre la Renta (Ley 11-92), dejando de retener RD$6,971,759.
La Cámara de Cuentas recomendó al alcalde, regidores y departamentos correspondientes garantizar que las erogaciones se ajusten a los porcentajes de distribución de ingresos establecidos en la Ley 176-07 para asegurar la calidad del gasto público.
El alcalde Francisco Peña respondió argumentando que los montos base utilizados en la auditoría no reflejan la realidad, ya que no se consideraron pagos directos a Edesur, préstamos de regalía pascual, aportes del Gobierno central para proyectos especiales y partidas depositadas en enero de 2018 en lugar de diciembre de 2017.
Peña presentó cuadros detallados de la distribución de ingresos (brutos y netos) para los años 2017, 2018 y 2019, justificando las discrepancias con deducciones por pagos a Edesur, transferencias gubernamentales para proyectos específicos y préstamos de regalía pascual.
En relación al año 2017, Peña explicó que, tras descontar el pago a Edesur y gastos de inversión, el subsidio de ley se distribuyó según los porcentajes establecidos.
Para el año 2018, se realizaron deducciones por el pago a Edesur, transferencias gubernamentales y préstamos de regalía pascual, antes de aplicar la distribución porcentual.
En 2019, se restaron los pagos de consumo de energía, aportes del Gobierno central y préstamos de regalía pascual para luego aplicar los porcentajes correspondientes.
Peña mencionó que una parte de los fondos se trasladó al año 2020, y justificó la aparente discrepancia en la cuenta de servicios municipales con la ejecución del clasificador presupuestario No. 221801 (recolección de residuos sólidos), explicando que, aunque inicialmente se contabilizó en inversión, finalmente se reflejó en servicios.
Finalmente, Peña indicó que las discrepancias fueron discutidas con las autoridades de presupuesto, asegurando que se ajustaban al artículo 21 de la Ley 176.
